domingo, 28 de agosto de 2016

Bolivia. Conflictos y violencia en el modelo extractivista del capitalismo dependiente

La escalada de violencia en el conflicto del gobierno progresista con las cooperativas mineras es una lección dura; pero, en todo caso una lección[1]. La muerte de tres mineros cooperativistas y el asesinato del Viceministro de Gobierno, de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, en el conflicto reanudado, después que el gobierno promulga la ley sobre la sindicalización en las cooperativas, son indicadores del desborde de la violencia, tanto del Estado como la de los bloqueadores. Ciertamente el asesinato del viceministro descalifica la demanda de los cooperativistas mineros; es más, convierte a la demanda en objetivo gremial, que se coloca por encima de la vida. El gobierno increpa a los cooperativistas mineros, los acusa de conspirar con la “derecha” contra la autoridad legítimamente constituida, incluso contra el Estado, al estar en connivencia con las empresas trasnacionales; además de tener contratos con las empresas privadas a quienes les entregan los minerales que extraen. Esto último, ¿acaso no lo sabían, cuando fueron los cooperativistas sus aliados, conformando un Pacto de Unidad chuto, sin las organizaciones indígenas, que fueron separadas, incluso destruidas? Por qué recién sacan a luz una evidencia sabida por muchos, por lo menos, por los que se hallan vinculados a la minería, de una u otra manera. 

Lo que ha cambiado es la coyuntura económica, por así decirlo, bajaron los precios de las materias primas; en el caso de la minería, de una manera estrepitosa, también de los hidrocarburos. En las condiciones de bonanza económica, solo teniendo en cuenta los altos precios de los minerales, en la coyuntura anterior, había holgura como para poder beneficiarse con los ingresos provenientes de la minería; tanto en la condición de asociados cooperativistas, como en la condición de Estado, debido a las regalías, considerando también a los gobiernos departamentales mineros. Aunque el porcentaje de las regalías es bajo, como en el periodo neoliberal, de todas maneras, los gobiernos departamentales y el gobierno central se sentían satisfechos. A pesar que la mayor parte de la torta se llevan las empresas extractivistas trasnacionales.

En la coyuntura de baja de los precios de la materias primas, coyuntura de crisis económica, la alianza entre gobierno populista y cooperativas mineras entró en conflicto; se fisuró, para llegar hasta quebrarse. Gobierno y cooperativistas mineros están enfrentados en una batalla por el control de los yacimientos minerales. De hecho los cooperativistas controlan el 27% de la explotación minera, en tanto que la empresa pública sólo controla el 3%; en cambio las empresas privadas, principalmente transnacionales, controlan el 27%. Los cooperativistas ganaron muchas concesiones de parte del gobierno, sobre todo, en espacios fiscales, que eran destinados a COMIBOL; además de excepciones en regalías, tributos e impuestos. Están exentos de muchos de ellos. Por otra parte, la Ley Minera, a pesar de lo que dicen los cooperativistas, que quieren más, abre la norma a mayores concesiones a las empresas privadas, a las que, efectivamente, en la práctica, pertenecen las denominadas cooperativas mineras. Hay más beneficios, tanto en lo que respecta a su efecto de irradiación respecto a los espacios aledaños a las concesiones, así también como el uso gratuito del agua. Se soslaya en dicha Ley que las llamadas “cooperativas mineras” no lo son, pues se trata de asociados “cooperativos”, que contratan como patrones trabajadores a destajo.

¿Cuál es el problema de fondo? ¿Qué dos aliados rompan, quiebren la alianza? ¿Qué la crisis económica de la baja de los precios los haya llevado a la pugna? ¿Crisis del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente? ¿El desborde de la violencia que ya ha llegado a la forma de asesinato? ¿El desprecio a la vida y poner encima de ella los intereses gremiales y también del Estado? Quizás el problema más preocupante, por no decir, angustiante o desmoralizante, sea que la sociedad no sea capaz de leer los signos de los eventos dramáticos; que se adhiera, por costumbre, a las sandeces que dicen los medios de comunicación, a las tristes y elementales argumentaciones de los políticos, sean oficialistas o de oposición. Que no sea auténtica, que no sea sociedad alterativa, que se encuentre atrapada en la camisa de fuerzas de la sociedad institucionalizada. Que no sea capaz de hacer uso crítico de la razón.

El asesinato del viceministro de gobierno y las tres muertes de los mineros cooperativistas, ocasionados por francotiradores de la policía, son síntomas del desborde de violencia a donde ya hemos llegado. Estas muertes, la forma de su acaecimiento, abren la etapa de lo que viene; lo que viene es el despliegue descarnada de violencias más crueles.

La responsabilidad en este asunto, en el desborde de la violencia, corresponde tanto al gobierno como a las cooperativas mineras. El Estado es violencia concentrada y violencia condensada, aunque la denominen, en la teoría crítica, monopolio de la violencia legítima, no dejan de ser eso, violencia. El tema es que esta violencia ya ha llegado al umbral y ha cruzado el límite, cuando ya se ingresa a otros agenciamientos. Les ocurre a las sociedades institucionalizadas cuando se dejan llevar por la “ideologías”, en su peor versión, por discursos elementales y miserables, sectoriales o estatales. Lo que pasa es eso, lo que se ha vuelto una constante en las historias políticas de la modernidad. El enemigo, aunque sea circunstancial, es demonizado, convertido en un monstruo, para justificar su asesinato. La política se vuelve una religión, el esquematismo político de amigo/enemigo se convierte en el esquematismo religioso de fiel/infiel.



El delito y la pena: un acercamiento desde la teoría anarquista


1. Introducción
Uno de los debates más controvertidos de la teoría jurídica clásica y de la moderna es el de la entidad del delito y de la naturaleza de la pena. Definir lo que se entiende por delito y manifestar cuál es el carácter de la pena es una cuestión que va de la mano de la concepción misma del Estado. Es así que, mientras la tradición liberal clásica entiende al orden jurídico punitivo en consonancia con la existencia de un Estado funcional al mantenimiento de cierto “orden” social, la tradición anarquista concebirá a la normativa coercitiva del derecho penal como una de las manifestaciones más nefastas del Estado y destinada a desaparecer con él.

Más aún, para los anarquistas el ordenamiento penal no hace otra cosa que incorporar a la vida social una instancia de ruptura de la dignidad humana y des-solidarización mayor. La represión policial y judicial genera en la sociedad males mayores que los causados por el delito, y es a causa de sus efectos, generadora de grandes injusticias y de opresión 1.

 En lo que sigue, se pretende explorar, sin pretensiones de agotarlas, algunas de las ideas centrales de ciertos exponentes de la llamada teoría anarquista en relación con la entidad de las figuras jurídicas del delito y de la pena. Se buscará abarcar lo que podría ser una descripción crítica de los sistemas penales modernos, y en especial de la prisión. En relación con la teoría anarquista, este trabajo se centrará principalmente en la visión de Piotr Kropotkin, quien describiera, en su texto Las prisiones, hacia fines del siglo xix, el sistema penitenciario europeo, especialmente la prisión francesa de Clairvaux. Sobre este último punto serán de oportuna inclusión y comparación algunas de las ideas descriptas en el siglo xx por el francés Michel Foucault al referirse al sistema penal moderno en su obra Vigilar y castigar de 1975. 

2. El delito
“…Todos los ilegalismos que el tribunal codifica como infracciones, el acusado los reformuló como la afirmación de una fuerza viva: la ausencia de hábitat como vagabundeo, la ausencia de amo como autonomía, la ausencia de empleo del tiempo como plenitud de los días y de las noches”2 . 

Hablar de delito implica hablar antes de ley. No hay delito sin ley previa que haya sido quebrantada, ley emanada de un Estado que se defi ne por el monopolio de la coerción que le permite imponer un orden jurídico determinado. En esta línea, una de las cuestiones que más ha interesado a la literatura jurídica, especialmente a sus vertientes sociológicas, ha sido la cuestión de los motivos que llevan al hombre a delinquir. Muchas –y de las más variadas implicancias– han sido las respuestas. 

Desde el anarquismo, y en consonancia con los postulados generales básicos de su concepción sobre la propiedad y el Estado, se ha dado una respuesta muy contundente sobre el origen de la delincuencia. Las causas del delito no las debemos buscar en el individuo que comete un delito sino en la sociedad. Es la sociedad y su sistema capitalista y excluyente el que genera el quiebre social necesario para que alguien delinca. La mayoría de los delitos está constituida por delitos contra la propiedad; en una sociedad anarquista, donde la propiedad privada no existiera, tampoco existiría ese tipo de delitos. Siendo para el anarquismo que el hombre es resultado del medio en el que crece3 , sólo cambiando a este último es que el delito puede ser prevenido. Esta última afi rmación pretende acabar con las posturas conservadoras que prefi eren encontrar las causas del delito en cualquier otro lado. Una de las más conocidas es la teoría positivista del italiano Ezechia Marco Lombroso (más conocido como Cesare Lombroso), que cree ver las causas de la criminalidad en la conformación física de los individuos 4. Piotr Kropotkin, en Las prisiones, lo critica cuando aquél afi rma que la sociedad debe tomar medidas frente a quienes presentan los “signos físicos” de la delincuencia. Es posible –dirá– que las enfermedades favorezcan la tendencia hacia el crimen, pero de ninguna manera podemos inferir de ello que sean la causa de los mismos: “La sociedad no tiene ningún derecho que le permita exterminar a los que cuentan con un cerebro enfermo ni reducir a prisión a los que tengan los brazos algo más largos de lo ordinario”5.

De esta manera, las causas fisiológicas, si bien podrían llegar a contribuir, no pueden ser causa determinante de los hechos de quien delinque. No son causa de criminalidad. La causa la encontramos en el seno mismo de la sociedad, en la lógica competitiva que premia a los que han salido airosos de ese enfrentamiento social 6 . Desde una versión libertaria, podemos decir que el quiebre en la solidaridad social, que provoca una reacción anómica en gran parte de los marginados sociales, es producto puro del individualismo propietario característico de la sociedad moderna. El crimen es fruto de una determinada relación de clases, no es algo inherente a la condición humana. Tampoco puede escapar a la razón –no sólo anarquista– que la mayor parte de los delincuentes provengan de un determinado sector social: 

“…El crimen no es una virtualidad que el interés o las pasiones hayan inscripto en el corazón de todos los hombres, sino la obra casi exclusiva de determinada clase social; que los criminales, que en otro tiempo se encontraban en todas las clases sociales, salen ahora casi todos, de la última fila del orden social”7 . 

Podríamos preguntarnos acaso si la opulencia exuberante que convive con la pobreza de manera cotidiana en nuestras ciudades no es causa suficientemente generadora de la violencia y quebrantamiento social. Kropotkin lo explica de manera muy gráfica cuando dice: 
“De año en año millares de niños crecen en la suciedad moral y material de nuestras ciudades, entre una población desmoralizada por la vida al día, frente a podredumbres y holganza, junto a la lujuria que inunda nuestras grandes poblaciones. No saben lo que es la casa paterna: su casa es hoy una covacha, la calle mañana. Entran en la vida sin conocer un empleo razonable de sus juveniles fuerzas. El hijo del salvaje aprende a cazar al lado de su padre; su hija aprende a mantener en orden la mísera cabaña. Nada de esto hay para el hijo del proletario que vive en el arroyo. Por la mañana el padre y la madre salen de la covacha en busca de trabajo. El niño queda en la calle; no aprende ningún ofi cio, y si va a la escuela, en ella no le enseñan nada útil. No está mal que los que habitan en buenas casas, en palacios, griten contra la embriaguez. Mas yo les diría: Si vuestros hijos, señores, crecieran en las circunstancias que rodean al hijo del pobre, ¡cuántos de ellos no sabrían salir de la taberna!”8 .

Lo asombroso sería entonces que no existiera una cantidad mayor aún de crímenes en estas condiciones de inequidad. Desde este punto de vista, no debemos sorprendernos del crecimiento de la criminalidad sino asombrarnos de que aún queden visos de humanidad entre nosotros 9 . 


jueves, 25 de agosto de 2016

Chocó. “Cuando el pueblo se une, en una causa justa, no hay quien lo detenga”

Tras siete días de paro, las negociaciones encaminadas a poner fin al Paro Cívico (PC) prosiguen. Gobierno y representantes de organizaciones sociales aún no han llegado a un acuerdo definitivo pero se han alcanzado acuerdos parciales, relacionados con la culminación de vías terrestres, el saneamiento financiero del Hospital San Francisco de Asís, la construcción de cuatro nuevos centros de atención hospitalaria y el caso de Belén de Bajirá, cuya pertenencia al Chocó se comprometió a defender el Ejecutivo ante el Congreso de la República. La redacción de uno o varios Conpes parece ser la única vía para asegurar la credibilidad y el cumplimiento del Gobierno. 


El pasado domingo abrieron sus puertas almacenes y tiendas en Quibdó, capital chocoana. Habían estado cerradas desde el miércoles 17 de agosto, cuando inició el PC que ha logrado movilizar a parte importante de la población del departamento. Los chocoanos salieron masivamente a las calles en busca del aprovisionamiento necesario para seguir con el paro indefinido, decretado para exigir al Gobierno el mejoramiento de las pésimas condiciones económicas, sociales, de infraestructura y servicios públicos que viven desde hace décadas (Consultar, Lanzado paro indefinido en el Chocó: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/29526-lanzado-el-paro-civico-indefinido-en-el-choco.html ).

Los alimentos y productos adquiridos fueron insumos necesarios para la gran jornada de movilización que sobrevino el pasado lunes 22 de agosto. Denominado día D, el lunes trajo consigo una movilización masiva de más de 70.000 personas que se volcaron una vez más sobre las calles de Quibdó para manifestar su descontento y expresar que antes que desanimarse, permanecían en pie de lucha ante la actitud dilatoria con la cual el Gobierno estaba manejando la situación. Ese día no ‘volaron’ las piedras, no se registraron mayores incidentes de alteración del orden público, las calles del Chocó fueron tapizadas con arengas, música y representaciones dramáticas que acompasaron la protesta.

Al tiempo que esto sucedía, medios de comunicación informaban que había sido pactado un preacuerdo con el Gobierno para levantar el PC. Desinformaban una vez más, pues esto solo sucedería horas después . Tal “preacuerdo” no era más que el ofrecimiento por parte de un grupo de funcionarios, de una serie de medidas basadas en las exigencias de los líderes del paro, muy cierto, pero hecha en una mesa de trabajo que contaba con la presencia del Gobernador del Chocó, de dos representantes a la Cámara por el departamento, sin contar con la presencia de delegados del Comité Cívico por la Dignidad del Chocó, principal organización de esta protesta.

Ante la molestia generada entre los manifestantes y voceros, por las propuestas surgidas de la mesa de trabajo entablada entre los días sábado 20 y domingo 21 de agosto, el viceministro del interior Guillermo Rivero, quien ha liderado por cuenta del Estado la mesa de negociación se refirió : “Lo que hicimos entre sábado y domingo fue afinar las respuestas del Gobierno, obtener la información más detallada posible de cada uno de los temas que están contenidos en el pliego de peticiones, para poder venir y ofrecer respuestas concretas y bien estudiadas".

No hay humo blanco aún
El Chocó completa, al momento de escribir esta nota –martes 23 de agosto– su séptimo día de movilización, y hasta el momento las negociaciones no han conducido a un acuerdo entre el Gobierno y los líderes y voceros del paro. Por el contrario, el Gobierno entabló una mesa paralela con la que prefabricó unos acuerdos para llevar, a través de sus delegados, como oferta a las organizaciones que lideran la movilización en el territorio.
Olvidó la delegación gubernamental que quien convocó la jornada de movilización no fue ni el gobernador, ni los representantes a la cámara, sino una serie de organizaciones sociales con la cuales de manera paradójica, no se había sostenido un diálogo fluido y serio desde fines de la semana anterior, y con las que había que sentarse a elaborar la propuesta. Otra muestra de que el Gobierno, al igual que en el paro de los camioneros  http://desdeabajo.info/colombia/item/29246-inmoviles-siguen-los-camioneros-en-las-vias-del-pais.html  y el paro de los maestros del Cauca http://desdeabajo.info/colombia/item/29246-inmoviles-siguen-los-camioneros-en-las-vias-del-pais.html , sigue conservando su amañado estilo de negociación antes que sentarse a la mesa directamente con los actores y llegar a acuerdos serios, definitivos, que pongan fin a las situaciones que las generan.
Las negociaciones en Quibdó, entre la delegación gubernamental liderada por el viceministro Rivero y lideres del Comité Cívico por la Dignidad del Chocó, continuaron el día lunes y prosiguen hoy martes. El documento de “preacuerdo” (Ver recuadro 1) construido entre la delegación oficial y dignatarios del departamento en el Palacio de Nariño ha sido, a pesar de la manera como fue construido, el insumo de discusión sobre el que se han logrado algunos acuerdos provisionales.
El gobierno se comprometió a girar 720 mil millones de pesos al departamento para la culminación de los 70 kilómetros faltantes a las vías Quibdó/Medellín y Quibdó/Pereira. Dicho compromiso contempla que estos recursos sean asegurados a través de un documento Conpes que será elaborado por el gobierno nacional como hoja de ruta para la finalización de estas obras reclamadas por el Chocó en movilización. También se logró un acuerdo provisional para que el Estado sane fiscalmente al Hospital San Francisco de Asís, asumiendo un pasivo del orden de 37.000 millones de pesos, además de construir un hospital de tercer nivel en Quibdó, y tres de segundo nivel en otros lugares del departamento. En otro de los acuerdos importantes, el Gobierno se comprometió a defender ante el Congreso de la República la pertenencia del Chocó de Belén de Bajirá municipio en disputa con Antioquia.

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Una amenaza para la paz: La minería puede ser la coca del posconflicto

Por Raúl Zibechi / Rel-UITA 

Tras cinco décadas de guerra, Colombia está comenzando a transitar una nueva realidad luego de cuatro años de negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, en La Habana. El motor de la guerra fue la lucha por la tierra. 


Para los campesinos, la defensa de sus parcelas de autoconsumo era cuestión de sobrevivencia. Para los terratenientes, la ampliación de la frontera agropecuaria estaba atada a la acumulación de capital, por ser una economía rentista de escasa inversión.

Desde la década de 1980, los cultivos de coca y los laboratorios para la elaboración de cocaína le dieron nuevos significados a la guerra. 

La alianza entre narcotraficantes y militares llevó a la formación de grupos paramilitares que asesinaron entre 3.000 y 5.000 miembros de la Unión Patriótica (ligada a las FARC), entre ellos dos candidatos presidenciales, 13 diputados, 70 concejales y 11 alcaldes. 

El fenómeno paramilitar provocó hondas mutaciones en la sociedad colombiana.

En las dos últimas décadas los campesinos perdieron más de seis millones de hectáreas (el 15 por ciento de la superficie agropecuaria) a manos de narcotraficantes y paramilitares que se han convertido en grandes terratenientes, ahora legalizados a través de la “desmovilización” pergeñada durante la presidencia de Álvaro Uribe. 

La cuestión minera. Un tema ausente en las negociaciones de paz 

La paz necesita un nuevo modelo de desarrollo. Los seis temas de la agenda de La Habana incluyen “Solución al problema de las drogas ilícitas” y “Política de desarrollo agrario integral”, que pasa por la restitución de tierras a los campesinos.

Sin embargo, la llamada “locomotora minera”, la principal propuesta del gobierno para el período que se abre, es la gran ausente en las negociaciones de paz. 

En la X Feria Internacional Minera celebrada en septiembre de 2014 en Medellín, el viceministro de Minas y expresidente de la Cámara Colombianade Minería, César Díaz Guerrero declaró que “el sector llamado a ser el gran jugador en el posconflicto se llama minería”. 

El sector representa el 2,5 por ciento del PIB y permitiría resolver los problemas sociales: “No hay un municipio de Colombia donde no tengamos minería, eso nos permitiría desarrollar actividades mineras en todo el territorio para incorporar seguramente algunos reinsertados” (El Espectador, 18 de setiembre de 2014). 

Para el sociólogo Alfredo Molano, uno de los más lúcidos analistas de las causas de la guerra, “hay dos horizontes contrapuestos: el campesino, modesto en escala, limitado en la acumulación de capital, pero estable desde el punto de vista social; y el minero empresarial, ambicioso, devastador y respaldado incondicionalmente por el gobierno” (El País, 2 de mayo de 2015). 

En Colombia la minería a cielo abierto es una forma de guerra, que está siendo impulsada y protegida por los paramilitares. La coca ya no es el gran problema colombiano, sino la minería. 

De las tres millones de hectáreas que integran el departamento del Cauca, dos millones están comprometidas en el desarrollo minero-energético, algo que inevitablemente va a afectar a la mayoritaria población rural. 

Un tercio de la superficie del país sufre el mismo destino, siendo la minería aurífera la más problemática. 

De la coca al oro. Más problemas y dramas para el campo

La minería tiene, en el caso colombiano, cuatro grandes problemas. 

El primero es ambiental y debería estar fuera de discusión. El desarrollo de la minería amenaza al Macizo Colombiano (donde nacen los grandes ríos: el Magdalena, el Cauca, el Putumayo y el Caquetá) y surte el 70 por ciento de los acueductos del país. 

Molano sostiene, en base a datos de la CEPAL, que el 48 por ciento del territorio se está desertificando, siendo uno de los tres más ricos del mundo en recursos hídricos. 

El plebiscito, la izquierda y los sectores libertarios

Por:Julián L. Acción Libertaria Estudiantil 


El 3 de septiembre del 2012 en un alocución presidencial se presentó lo que sería la hoja de ruta de negociación entre las partes que meses atrás venían discutiendo las posibilidades de poner fin al conflicto armado protagonizado por el gobierno nacional y las FARC-EP. Dicha ruta de negociación, que además generaría los criterios de la misma, se publicó con el nombrede “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, en donde se haría énfasis en la necesidad de vincular a la sociedad en su conjunto lo cual implicaba el hecho de que lo acordado debería ser refrendado por el pueblo colombiano.

Aunque las FARC-EP insistiera durante estos casi cuatro años de negociación en que los acuerdos deberían culminar con la convocatoria de una asamblea nacional constituyente, en el último anuncio del 23 de Junio, el llamado “último día de la guerra”,las partes llegan a un acuerdo para muchos inesperados, ya que parecía que el mecanismo de refrendación supondría el punto de quiebre de todo lo acordado hasta el momento: Las FARC-EP deciden renunciar, por lo menos en lo inmediato, a que el pos-acuerdo sea abierto por una asamblea nacional constituyente y acoge una “fórmula de convergencia” que implicaba dejar en manos de la Corte Constitucional la decisión sobre el mecanismo de refrendación1, la cual, como era previsible, inclinó la balanza hacia la propuesta del gobierno nacional de implementar un plebiscito.

Lo que se sabe de la reforma constitucional que da vía libre al plebiscito parece aún no dar respuesta a todos los posibles escenarios2, por ejemplo ¿qué pasaría si la votación en el plebiscito no supera el umbral definido del 13% del censo electoral? ¿Qué sucedería legalmente si circunstancialmente ganara el no? La corte hasta el momento se ha referido a que cualquier escenario desfavorable para el plebiscito podría ser atajado con otro acto legislativo o con la construcción de otro acuerdo entre las partes que no implique refrendación. Como sea, se hace evidente que en medio de un país políticamente polarizado en torno a los acuerdos, estos deberían arrancar con un respaldo social que lo blinde mínimamente de legitimidad por una mayoría en las urnas.

En este escenario las fuerzas políticas han empezado ya a mover sus fichas. Por un lado, la derecha más recalcitrante, integrada principalmente por ganaderos y terratenientes como lo demuestran quienes firman el llamado a construir el Movimiento de Unidad Republicana en oposición al plebiscito3, han empezado a actuar en bloque tras la figura de Álvaro Uribe Vélez y de su partido el Centro Democrático, empujando una campaña por el NO, esta vez ya no negándose a las posibilidades de dialogo para terminar la guerra sino ahora argumentando que los actuales acuerdos entregan demasiadas concesiones a la insurgencia y se hace necesario renegociar. El impacto de esta campaña aun genera confusiones, algunas encuestas han expresado que se va imponiendo el NO sobre el Sí4, aunque otras la desmienten. Vale la pena anotar además que este sector ha sabido jugar con el descontento de los sectores sociales frente al gobierno nacional para promover su campaña, como sucedió en el marco de las negociaciones del paro camionero, con taxistas e incluso con sectores campesinos. Así es claro que es esta derecha la que se presenta como el más peligroso enemigo del plebiscitico.

En la otra esquina encontramos a una diversidad de sectores, en muchas ocasiones contradictorios, que levantan conjuntamente, en una apuesta táctica, la campaña por el SI. Por supuesto la coalición de la Unidad Nacional en el gobierno ha sido uno de sus mayores promotores intentando garantizar con ello su continuidad en el poder.

La izquierda ante el plebiscito
Aunque el grueso de la izquierda coincide en la necesidad de que el proceso se lleve a buen término y se pueda avanzar a un escenario en donde la mediación de las armas no marque el ritmo de la política, existe una controversia sobre el papel que esta debe jugar. Más o menos las posiciones oscilan alrededor de dos perspectivas: por un lado algunos sectores de izquierda, asociados al trotskismo y el maoísmo, han manifestado una fuerte crítica al proceso y aunque expresan su deseo por el fin del conflicto se apartan de la campaña por el SI al plebiscito manifestando que los acuerdos no son garantías para la lucha pero además que esa “paz” poco tendría que importar al movimiento social que se ha movido históricamente en la lucha amplia y de masas. En esta posición encontramos al MOIR, quizá la fuerza de izquierda con mayor influencia política en el país, que en manos de Robledo decide apoyar a rechistas el SI en el plebiscito más que por convicción por una necesidad de no aislarse de la coyuntura nacional, sin que eso implique sumarse a hacer campaña por el SI. También encontramos en esta posición el menos influyente Partido Socialista de los Trabajadores (PST – LIT) quienes han sido promotores históricos del voto en blanco y para el caso del plebiscito junto a otros sectores, como la denominada militancia de base de la UP, llaman a rayar la papeleta exigiendo una asamblea nacional constituyente. Es decir, ni SI ni NO.

La segunda posición presenta un apoyo logístico y político al plebiscito volcando gran parte de sus energías, si no todas, en estimular la campaña por el SI. Esta postura la abanderarían principalmente los tradicionales sectores bolivarianos, concentrados puntualmente en Marcha Patriótica, quienes han volcado casi todos sus esfuerzos en respaldar los diálogos de paz y en llenar de base social lo acordado. Vale la pena recordar que este mismo sector depositó gran parte de sus energías en las llamadas “constituyentes por la paz”, en una apuesta por presionar socialmente para que la mesa viabilizara un proceso constituyente como mecanismo de refrendación e implementación de lo acordado, hasta que la insurgencia renunció en lo inmediato a dicha pretensión.También encontramos a Congreso de los Pueblos y el resto del camilismo, quienes han depositado sus esfuerzos en la campaña por el SI a la vez que exigen que se haga pública la mesa de negociación con el ELN y manifiestan, sin mayor fuerza, las ausencias y límites de lo acordado en La Habana. Hoy la “Marcha” lidera, secundada por “Congreso” y un variopinto del movimiento social, la campaña por el SI para el plebiscito moviendo campañas sectoriales en torno a la paz.

En términos globales el panorama de la izquierda se mueve dentro de una primera postura que bajo una posición muchas veces sectaria y simplista le resta importancia a las posibilidades que abre el actual momento histórico y una segunda que ha agotado el grueso de su agenda de trabajo en lo que se diga y se haga en La Habana, llevándolo a tomar posiciones erradas sobre la agenda propia del movimiento social que no elude la paz, pero sí debería aterrizarla y develar los límites de lo acordado.
Esta gran polémica se da en medio de una tensión sobre lo que significaría para la disputa político-electoral la terminación del conflicto con la guerrilla más grande del país: si el proceso lograse tener un éxito relativo el escenario más probable parece ser el del blindaje de la Unidad Nacional para sostener su lugar en el ejecutivo y su mayoría legislativa, de lo contrario parece ser el Uribismo el que tendría mayor capacidad de capitalizar los errores de lo acordado a la vez que la izquierda se muestra incapaz de presentar alternativas de mayorías.

Hacia la construcción de una alternativa libertaria



miércoles, 3 de agosto de 2016

¿Juegos olímpicos o juegos de tronos?

Con significativa lucidez Guy Debord proclamó que en capitalismo contemporáneo nos toca vivir o sobrevivir en la “sociedad del espectáculo”.En efecto, emergen nuevamente los Juegos Olímpicos, competencia deportiva ecuménica, verdadero festival de sponsors y que ayudará al bombardeo mediático para distraer a las masas a nivel global de los brutales ajustes socio económicos, los cotidianos bombardeos en la zonas de conflicto de Asia y Africa, de la trágica y humillante situación de miles personas desplazadas por las guerras. “Refugiados” que no hallan refugio sino encierro y xenofobia.
Mientras en la ciudad carioca los atletas desfilen bajo los patrióticos estandartes de las lides guerreras simuladas en competencias de destreza física, en esa misma urbe, los excluidos continuarán arrastrando sus miserables vidas en las calles y favelas con la acechanza de las fuerzas represivas estatales.
Es paradójico que este despliegue de alegrías inducidas se dé en Brasil, país en el cual estos juegos fueron motivo de enroques políticos, denuncias de negociados y hasta la deposición de la presidenta.
Hoy como ayer, el deporte es la pantalla que pretende encubrir las contradicciones sociales y las maniobras políticas.
Cabe señalar que en Francia los fastos de la Eurocopa de fútbol no pudieron frenar las masivas protestas contra la reforma laboral regresiva del gobierno de Hollande.
Bombardeo mediático, coartadas espectaculares y la cruda realidad rasgando todos los velos de la hipocresía de los poderosos del mundo.

Otro municipio mexicano decide regirse sin partidos políticos ni policías

Nota de ALB: La decisión no es inaudita en México. Existen los ejemplos de Cheran K'eri [Michoacán, 18.000 habitantes] que lleva más de 5 años siendo un municipio autónomo y el más reciente de el Ejido Tila [Chiapas]. Estaremos pendientes de si la decisión vecinal cristaliza en un nuevo municipio autónomo. 



Como consecuencia de los acontecimientos violentos y ante el vacío de autoridad en el municipio de Asunción Nochixtlán, ciudadanos del lugar iniciaron un proceso organizativo para promover la desaparición de los poderes municipales y la conformación de un consejo municipal que haga la función de gobierno, así lo establecieron durante la asamblea popular.

Víctor Cruz Flores, vecino de esa ciudad Mixteca, explicó que la asamblea fue convocada por Facebook y que a la comunidad han llegado los representantes de Naciones Unidas (ONU), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Hasta el momento no ha habido autoridad municipal que asuma la responsabilidad que les compete.

Resaltó la necesidad de conformar un grupo que represente a los nochixtlecos, porque quien está manejando la política de Nochixtlán es el grupo magisterial hasta ahora.

La mayoría de ciudadanos coincidieron en desconocer al actual cabildo, por considerar que el presidente municipal se convirtió en cómplice del gobierno en el crimen de más de 11 jóvenes. Destacaron que hay un descontento generalizado y que existe un vacío de autoridad.

“Nosotros no necesitamos de un edil, o de policías que estén al servicio de alguien. Nosotros solos hacemos recorridos, instalamos barricadas, y así es como vigilamos nuestros pueblo. Aunque no hay nadie que nos ayude, no han existido actos de rapiña, lo que indica que somos un pueblo tranquilo, no como otros intentan hacerlo ver. Hoy somos la ley”, dijo el lugareño.

Sostuvo que el edil y su familia permanecen refugiados en una de sus casas que tienen en Nochixtlán, en donde son caciques, pues llevan años apoderándose de los recursos del pueblo.