domingo, 15 de julio de 2012

La Cárcel en Colombia, un Negocio Rentable, una sola Respuesta


«Escribo para no reventar, por temor a la muerte lenta y a la gangrena de la amnesia, en la que se pudre toda una generación. [...] Escribo mientras noto cómo me sube por dentro la bomba de explosión retardada de estos años de soledad. [...] Escribo porque todavía no se me ha ocurrido nada mejor para matar definitivamente las mañanas carcelarias. O porque no he tenido valor para hacerlo. Escribo para que esas mañanas sin vida se encarcelen y se hundan en el dolor de las palabras y de su frágil arquitectura.»

Jean-Marc Rouillan

Por: William Mesa.

Como es bien sabido desde los años 80tas en Latinoamérica, se ha generado un proceso de privatización carcelaria como método y modelo de los Estados para el mejoramiento del control político, económico y social de las prisiones, caracterizado por tener un fuerte carácter punitivo, resquebrando el propio discurso del Estado de bienestar en cuanto a la existencia de la cárcel como institución resocializadora.[1]

Colombia no ha sido excepción ante las “sugerencias” del Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos, argumentando la necesidad de la privatización desde varios factores: el primero de ellos radica en la construcción de cárceles con apoyo de empresas privadas, el segundo, la explotación de mano de obra y fuerza laboral existente en las prisiones, determinante en cárceles como las de los Estados Unidos, y por último, el abaratamiento de costos que beneficiaría al Estado Colombiano, puesto que la inversión que este realizaría es mínima.[2] De igual forma la justificación realmente marcada en el caso colombiano, radica en la supuesta necesidad de eliminar el hacinamiento carcelario.
Nuevas cárceles y privatización al mejor estilo colombiano
El hacinamiento ha sido uno de los problemas históricos no sólo de la cárcel colombiana; observemos la tragedia sucedida en Honduras hace algunos meses donde murieron 354 presos en un incendio, cuando la cárcel estaba dispuesta solo para 150 reclusos.[3]

En Colombia el problema del hacinamiento es increíble. Por ejemplo, en el año 2.000 las cárceles tenían una capacidad para 37.896 presos y en ellas habitaban 51.518, en el 2.004, la cifra de los cupos para las cárceles era de 49.821 y en realidad se encontraban 66.829 presos.[4] Ante este panorama la repuesta provista por el gobierno de Álvaro Uribe fue construir 11 penitenciarias más con el objetivo de reducir el hacinamiento al 2,7 %, cuando en el mismo año se indicaba un 36,8 % de este. Estas cárceles acopladas a los estándares estadounidenses argumentaban que su construcción se realizaba por los bajos costos y un trato “más justo para los reclusos”.

Según informes de la Contraloría, estas obras fueron “deficientes” ya que el presupuesto inicial era de $33.740 millones y finalizaron con un costo de $908.156 millones, es decir, 27 veces más el valor inicial, y el proyecto que en términos de tiempo duraría entre 12 y 36 meses, llegó a ser hasta de 6 años, algunas cárceles como la de Cartagena tardaría 8 años en ser entregada.

Es exorbitante el sobrecosto que la contraloría (Institución Estatal)[5] denuncia, en donde la búsqueda de finalizar con el hacinamiento sólo conllevó a generar un desfalco multimillonario. Ni FONADE (Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo), ni el ex ministro Fabio Valencia Cossío, encargado de la construcción, han podido dar una explicación al mejor estilo de la derecha y la socialdemocracia en Colombia.




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