19 de Agosto: paro agrario y popular, ¿un nuevo punto de inflexión en la lucha de clases?

Mañana, 19 de Agosto, comenzará el paro agrario y popular en Colombia, que marca un nuevo paso en la escalada de la conflictividad social que vemos en ascenso desde el 2008. En la lucha se encontrarán campesinos, cafeteros, cacaoteros, mineros, paperos, arroceros, algodoneros, trabajadores y usuarios de la salud, transportistas, mineros, estudiantes, junto a las principales expresiones organizadas de la izquierda y del sindicalismo. Este paro no es causa de la “agitación subversiva” que el gobierno denuncia cada vez que un pobre dice “basta”. No, este paro es consecuencia directa de la situación calamitosa en que vive la mayoría de la población, con la militarización de los territorios, la locomotora minero energética y la agroindustria, con los tratados de libre comercio hechos para beneficiar a los capitales extranjeros y a unos cuantos cacaos que están asociados a estos.

Este paro es un hecho de gran importancia pues plantea un escenario crucial de coordinación para el movimiento popular, que va forjando acuerdos unitarios y superando, en la lucha, históricas diferencias. También es un hito importante pues representa una respuesta contundente por parte del pueblo a un gobierno oligárquico que profundiza un modelo neoliberal rentista-dependiente, mientras refuerza un aparato represivo mediante la agudización del militarismo y la criminalización de la protesta social. Las movilizaciones recientes de mineros y de campesinos del Catatumbo han despejado toda sombra de duda de que la única respuesta que el pueblo puede esperar a sus demandas por parte del Estado, es plomo y represión. El régimen de Santos se ha dotado de dos instrumentos legales, totalmente ilegítimos, para fortalecer la represión y la violencia contra la protesta social: por una parte, está el fuero militar, que garantiza la impunidad de los soldados que asesinen, violen y torturen, y por otra parte, está la mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana, que ya está siendo utilizada para amedrentar la protesta social. El gobierno amenaza a quienes ocupen las calles con penas de cárcel y da poderes extraordinarios a gobernadores y alcaldes para que repriman a los manifestantes [1]. Ya vamos entendiendo cómo le gusta dialogar a este gobierno violento y autista.

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