lunes, 18 de mayo de 2015

Sesenta años de la guerra de Villarrica: un capítulo del terrorismo estatal que “olvidó” el informe “Basta ya”

Por Miguel Ángel Beltrán V.

El sociólogo e historiador –y actualmente preso político- Miguel Ángel Beltrán Villegas apoyado en fuentes orales y escritas, hace una reconstrucción histórica de la olvidada “Guerra de Villarrica”, sesenta años después que se diera inicio a ésta. En ella analiza la política anticomunista del general Rojas Pinilla y de las élites colombianas, la operación de exterminio que libró el ejército contra estas pacíficas regiones agrarias, así como la resistencia armada popular a esta agresión militar, para concluir en la necesidad de desmitificar la memoria oficial que trata de eludir la gran responsabilidad que ha tenido el Estado colombiano en el origen y prolongación del conflicto social y armado.

Hace sesenta años, el 4 de abril de 1955, el comando del destacamento “Sumapaz” de las Fuerzas Armadas Colombianas distribuyó entre los  pobladores del oriente del Tolima, millares  de volantes en los cuales anunciaba que el área comprendida por los municipios de Icononzo, Pandi, Melgar, Carmen de Apicalá, Cunday, Villarrica, Cabrera y Ospina Pérez había sido declarada “zona de operaciones militares”. En dichas circulares se informaba que a partir de la fecha, se decretaba el “toque de queda de la región” entre las 6pm y las 5am, al mismo tiempo que se prohibía la venta de bebidas alcohólicas, el tránsito de personas sin portar el salvoconducto expedido por el comando militar, y se notificaba que quienes incumplieran tales disposiciones serían “tratadas por las tropas del ejército como enemigas de la zona de operaciones en la campaña” (1). Con esta última advertencia de “tierra arrasada” se dio inicio a uno de los más dolorosos capítulos de nuestra historia del siglo XX conocido como “la guerra de Villarrica”.

Esta guerra reviste particular importancia a la hora de analizar las responsabilidades en el conflicto armado colombiano, pues son varios los elementos históricos que allí se conjugan, entre otros:  la agresión militar por parte del Estado contra pacíficas regiones agrarias como ya lo había hecho en el sur del Tolima y lo haría de nuevo en Marquetalia; el uso desproporcionado del aparato militar para acallar cualquier expresión de oposición política y social; la mentalidad profundamente anticomunista de las élites bipartidistas y de la jerarquía eclesiástica; la aplicación de tácticas contrainsurgentes contra la población, que incluyen el estímulo a bandas armadas; el papel de los Estados Unidos y de otras naciones en la potenciación del conflicto colombiano; la utilización del sistema jurídico como instrumento de guerra y, el uso legítimo de las armas por parte de un grupo de campesinos  para defender su integridad y la de sus familias.

El anticomunismo de Rojas y de las élites colombianas
La instauración del régimen militar del general Gustavo Rojas Pinilla, constituyó una apuesta de las élites económicas y políticas colombianas para hacer frente a la violencia partidista que se afianzó con el asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán (1948), y que fue el telón de fondo sobre el cual emergieron dos experiencias de resistencia armada con raíces históricas diferentes: por un lado, las guerrillas de filiación liberal que conservaban los efluvios románticos de las guerras civiles libradas por el partido en el siglo XIX; y por otro, las guerrillas comunistas las cuales continuaban una larga tradición organizativa que desde los años treinta habían recurrido a la autodefensa armada para hacer frente al ataque de los latifundistas y de fuerza pública.

Con el apoyo de los directorios políticos tradicionales (salvo la fracción laureanista que había sido desplazada del poder), pregonando una política de “paz, concordia y convivencia nacional” y combinando persuasión con coacción y engaño, el general Rojas Pinilla logró la desmovilización de las guerrillas orientadas por el partido liberal, las cuales tenían en los Llanos Orientales uno de sus mayores bastiones. Así, en el transcurso de pocos meses centenares de combatientes liberales hacen entrega de sus armas, mientras las guerrillas comunistas –asentadas principalmente en Cundinamarca y el sur del Tolima- optan por desmovilizarse conservando sus armas. Durante el primer año de gobierno, la violencia redujo notablemente sus índices, lo que tranquilizó a las élites bipartidistas que anhelaban una “vuelta a la normalidad” para el desarrollo de su actividad política y económica.



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